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México tiene lecciones para EEUU de su propio rescate financiero
A mediados de la década de 1990, el estado mexicano gastó unos 137.000 millones de dólares para mantener a flote a sus bancos, golpeados por una crisis como la que ahora golpea a sus similares de Estados Unidos.
Aunque se dice que esa acción, junto con un paquete de ayuda internacional por 50.000 millones de dólares, salvó la economía de México, persisten aún las críticas sobre la corrupción y la mala administración de los fondos públicos.
Ahora que legisladores de Estados Unidos preparan un plan de rescate de instituciones financieras por 700.000 millones de dólares, algunos expertos sugieren que sería bueno recordar lo que ocurrió en México, cuando los bienes bancarios fueron vendidos con supervisión limitada e intervinieron intereses políticos poderosos.
En 1994, el crecimiento de la deuda externa y del déficit comercial condujo a una sorpresiva devaluación del peso mexicano, que perdió la mitad de su valor.
La inflación se disparó a las nubes y las tasas de interés superaron el 100% anual. Muchas empresas y familias retiraron sus ahorros de los bancos. Las instituciones financieras cesaron de prestar dinero.
Previas crisis financieras habían hecho que el estado mexicano creara un fondo de emergencia, conocido como Fobaproa, a fin de mantener la liquidez bancaria.
El fondo, que comenzó a funcionar a comienzos de 1995, compró los préstamos incobrables de la crisis que estalló meses más tarde, con la condición de que los bancos garantizaran nuevos créditos a fin de impulsar el crecimiento.
Durante los nueve años siguientes, el gobierno gastó el equivalente a 137.000 millones de dólares para sanear el sistema financiero, una cantidad igual al 17% de su Producto Interno Bruto en 2004, según una oficina de contraloría del Congreso.
El programa de rescate mexicano, sin embargo, se hizo de manera poco sistemática y se prolongó reiteradamente, muchos más años de lo planeado.
Los críticos acusaron al gobierno de trabajar para salvar a los bancos, no a los pequeños ahorradores. Debido a que protegió a los accionistas, el rescate pareció subsidiar a los ejecutivos más ricos, muchos de los cuales habían propiciado la crisis al otorgar préstamos que resultaron incobrables.
"El Fobaproa llegó a ser sinónimo del mismísimo demonio. La opinión pública siempre lo condenó y estigmatizó como el rescate de los banqueros", escribió esta semana el columnista Marco Antonio Mares en el periódico La Crónica, de ciudad de México.
El gobierno, entonces controlado por el Partido Revolucionario Institucional, que ya se hallaba en su séptima década ininterrumpida en el poder, actuó esencialmente solo en el rescate, y financió al Fobaproa sin permiso del Congreso, al vender bonos del Tesoro a bancos a cambio de préstamos vencidos.
Sin embargo, el gobierno intentó luego lograr la aprobación del Congreso para transformar en deuda pública los bienes comprados por el Fobaproa, y pidió que los contribuyentes cubrieran los costos.
El opositor Partido de la Revolución Democrática se negó a aceptar la propuesta del gobierno. Dijo que el fondo fue "el gran atentado contra la economía". También acusó a altos funcionarios de fraude y de mala administración del erario público.
Al final, se llegó a un acuerdo en 1998, reestructurando todo el sistema financiero de México. El Fobaproa fue reemplazado por un nuevo instituto conocido como IPAB, que comenzó a operar en 1999.
Muchos bancos mexicanos fueron comprados luego por grandes instituciones financieras internacionales, tales como CitiGroup, HSBC y el banco Santander, de España.
Varios críticos dijeron que el gobierno mexicano había subsidiado la entrega del sistema bancario nacional a instituciones financieras extranjeras.
"Es un camino largo y complejo", afirmó Carlos Núñez, director de promoción bursátil de Monex, una casa de bolsa en la ciudad de México.
Pero aunque doloroso y caro, el rescate fue necesario para evitar las consecuencias que habrían sido inevitablemente peores, como las que se vieron en Argentina cuando el país se negó a apuntalar a los bancos en 2001, incitando primero una corrida y luego un congelamiento en los depósitos. Al final, la crisis concluyó en la moratoria gubernamental más grande del mundo, dijo.
El Fobaproa todavía es políticamente polémico en México. En los últimos días, un periódico calificó el plan estadounidense de rescate como un "Fobaproa a la gringa".
Pero la lección de México puede hacer que los políticos estadounidenses sopesen el debate público que desató su plan, dijeron los analistas. Esa discusión a nivel de la ciudadanía no pasó en México y aunque el plan de rescate al final salvó a los bancos, el partido gobernante perdió el poder, luego de siete décadas.
"Es una señal alentadora que el sistema político estadounidense esté actuando muy rápidamente con un problema tan difícil", afirmó en Nueva York el analista de calificaciones soberanas de Standard & Poor's Joydeep Mukherji, quien cubre las correspondientes a México.
Noticias de Yahoo News
A mediados de la década de 1990, el estado mexicano gastó unos 137.000 millones de dólares para mantener a flote a sus bancos, golpeados por una crisis como la que ahora golpea a sus similares de Estados Unidos.
Aunque se dice que esa acción, junto con un paquete de ayuda internacional por 50.000 millones de dólares, salvó la economía de México, persisten aún las críticas sobre la corrupción y la mala administración de los fondos públicos.
Ahora que legisladores de Estados Unidos preparan un plan de rescate de instituciones financieras por 700.000 millones de dólares, algunos expertos sugieren que sería bueno recordar lo que ocurrió en México, cuando los bienes bancarios fueron vendidos con supervisión limitada e intervinieron intereses políticos poderosos.
En 1994, el crecimiento de la deuda externa y del déficit comercial condujo a una sorpresiva devaluación del peso mexicano, que perdió la mitad de su valor.
La inflación se disparó a las nubes y las tasas de interés superaron el 100% anual. Muchas empresas y familias retiraron sus ahorros de los bancos. Las instituciones financieras cesaron de prestar dinero.
Previas crisis financieras habían hecho que el estado mexicano creara un fondo de emergencia, conocido como Fobaproa, a fin de mantener la liquidez bancaria.
El fondo, que comenzó a funcionar a comienzos de 1995, compró los préstamos incobrables de la crisis que estalló meses más tarde, con la condición de que los bancos garantizaran nuevos créditos a fin de impulsar el crecimiento.
Durante los nueve años siguientes, el gobierno gastó el equivalente a 137.000 millones de dólares para sanear el sistema financiero, una cantidad igual al 17% de su Producto Interno Bruto en 2004, según una oficina de contraloría del Congreso.
El programa de rescate mexicano, sin embargo, se hizo de manera poco sistemática y se prolongó reiteradamente, muchos más años de lo planeado.
Los críticos acusaron al gobierno de trabajar para salvar a los bancos, no a los pequeños ahorradores. Debido a que protegió a los accionistas, el rescate pareció subsidiar a los ejecutivos más ricos, muchos de los cuales habían propiciado la crisis al otorgar préstamos que resultaron incobrables.
"El Fobaproa llegó a ser sinónimo del mismísimo demonio. La opinión pública siempre lo condenó y estigmatizó como el rescate de los banqueros", escribió esta semana el columnista Marco Antonio Mares en el periódico La Crónica, de ciudad de México.
El gobierno, entonces controlado por el Partido Revolucionario Institucional, que ya se hallaba en su séptima década ininterrumpida en el poder, actuó esencialmente solo en el rescate, y financió al Fobaproa sin permiso del Congreso, al vender bonos del Tesoro a bancos a cambio de préstamos vencidos.
Sin embargo, el gobierno intentó luego lograr la aprobación del Congreso para transformar en deuda pública los bienes comprados por el Fobaproa, y pidió que los contribuyentes cubrieran los costos.
El opositor Partido de la Revolución Democrática se negó a aceptar la propuesta del gobierno. Dijo que el fondo fue "el gran atentado contra la economía". También acusó a altos funcionarios de fraude y de mala administración del erario público.
Al final, se llegó a un acuerdo en 1998, reestructurando todo el sistema financiero de México. El Fobaproa fue reemplazado por un nuevo instituto conocido como IPAB, que comenzó a operar en 1999.
Muchos bancos mexicanos fueron comprados luego por grandes instituciones financieras internacionales, tales como CitiGroup, HSBC y el banco Santander, de España.
Varios críticos dijeron que el gobierno mexicano había subsidiado la entrega del sistema bancario nacional a instituciones financieras extranjeras.
"Es un camino largo y complejo", afirmó Carlos Núñez, director de promoción bursátil de Monex, una casa de bolsa en la ciudad de México.
Pero aunque doloroso y caro, el rescate fue necesario para evitar las consecuencias que habrían sido inevitablemente peores, como las que se vieron en Argentina cuando el país se negó a apuntalar a los bancos en 2001, incitando primero una corrida y luego un congelamiento en los depósitos. Al final, la crisis concluyó en la moratoria gubernamental más grande del mundo, dijo.
El Fobaproa todavía es políticamente polémico en México. En los últimos días, un periódico calificó el plan estadounidense de rescate como un "Fobaproa a la gringa".
Pero la lección de México puede hacer que los políticos estadounidenses sopesen el debate público que desató su plan, dijeron los analistas. Esa discusión a nivel de la ciudadanía no pasó en México y aunque el plan de rescate al final salvó a los bancos, el partido gobernante perdió el poder, luego de siete décadas.
"Es una señal alentadora que el sistema político estadounidense esté actuando muy rápidamente con un problema tan difícil", afirmó en Nueva York el analista de calificaciones soberanas de Standard & Poor's Joydeep Mukherji, quien cubre las correspondientes a México.
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